(Artículo publicado en La Verdad de Murcia el 28/01/2018)
Deseamos que no haya dudas: las organizaciones que suscribimos este artículo, representantes de regantes, agricultores, cooperativas agrarias, alhóndigas y empresas agrícolas, tenemos toda la disposición para que se introduzcan en la actividad agraria aquellas prácticas que no vengamos realizando y que, efectivamente, contribuyan a minimizar el impacto sobre el medio ambiente y el estado del Mar Menor.
Y diremos más, no es esta una disposición gratuita, sino que viene sustentada en la realidad de la continua y permanente adaptación que el sector agrícola murciano, y muy especialmente el de regadío, ha venido realizando y asumiendo en las últimas décadas para adaptarse a las limitaciones del entorno, los gustos y demandas de los consumidores, los requerimientos medioambientales y los múltiples requerimientos que establece la legislación europea, nacional y autonómica. La suma de todo ello es la obtención de unos alimentos que cumplen los más exigentes estándares de calidad y seguridad alimentaria, que son apreciados en todo el mundo y contribuyen al conocimiento y prestigio de la Región de Murcia tanto como cualquier otro emblema de esta tierra.
Si de verdad el objetivo del dictamen que el 1 de febrero se votará en la Asamblea Regional es reducir las agresiones que recibe el Mar Menor para iniciar su progresiva e irreversible recuperación, nadie debe engañarse ni engañar a la sociedad murciana: aunque toda la agricultura cesara mañana su actividad, la recuperación del Mar Menor será imposible sin la realización de infraestructuras y si no cambian su comportamiento otras actividades que se desarrollan en su entorno.
Por eso y porque el sector agrario sí quiere, de verdad, contribuir con lo que le competa a la recuperación de un lugar del que se siente parte (los agricultores –más de 10.000– VIVIMOS en el Mar Menor, NO VAMOS al Mar Menor), hemos de ser rigurosos en nuestros planteamientos y también contribuir a mejorar el conocimiento de la sociedad murciana sobre algunas cuestiones que parecen haberse asentado como verdades dogmáticas y que están perjudicando a un análisis sereno y a la adopción de medidas eficaces.
No es cierto, por simplista, que rechacemos las enmiendas al decreto ley propuestas por los grupos de la oposición en la Asamblea Regional y, sin embargo, aceptemos el que aprobó el Gobierno regional. Lo reiteramos: el texto aprobado por el Ejecutivo fue precipitado y, como tal, carente de rigor en muchos aspectos que criticamos desde su inicio por poner el foco únicamente en el sector agrario.
El mayor riesgo para el Mar Menor derivado de la actividad agraria es, nadie lo cuestiona, la posibilidad de aportación de nitratos a través de la descarga natural del acuífero a la laguna y, sin embargo, ninguna actuación ha sido incluida en el decreto ley ni las enmiendas de la oposición para evitar este hecho. Es más, para evitar la otra fuente principal de afección agraria al Mar Menor (los derivados de la desalobración de aguas subterráneas utilizadas para el regadío), la única ocurrencia gubernamental ha consistido en desmantelar toda una red de salmueroductos que podía canalizar y tratar adecuadamente tales desechos, en lugar de acometer con decisión la finalización de las obras tantas veces proyectadas e incluso presupuestadas y nunca realizadas. Una actuación, por cierto, reiteradamente reclamada por los agricultores desde hace años y en la que incluso, se llegó a ofrecer la cofinanciación de las obras a través de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
Todo esto parece olvidarse y, desde luego, queda oculto por el intenso ruido generado en torno a la tramitación parlamentaria del decreto ley y las enmiendas presentadas por la oposición. Sin embargo, la realidad es que quienes suscribimos este artículo hemos centrado la discusión básicamente en el rigor técnico y científico del decreto ley y sus enmiendas y, consecuentemente, en la utilidad de determinadas medidas para recuperar el Mar Menor. Nuestras principales objeciones se centran en los siguientes puntos:
–Instalación de setos y laboreo según las curvas de nivel. Es una medida de eficacia despreciable para evitar las escorrentías superficiales, dado que la inmensa mayoría de la comarca es prácticamente llana –más del 95%–, con pendientes inferiores al 2-3%. Incluso los setos pueden ser contraproducentes con evidente riesgo de que las estructuras vegetales sean erosionadas en situaciones de precipitaciones muy intensas, generando escorrentía no controlada que provocará erosiones y arrastres importantes. Nuestra alternativa, sustentada en rigurosos estudios técnicos, consiste en rehabilitar y potenciar los sistemas de drenaje natural y agrícola para conducir las escorrentías asociadas a las puntuales lluvias torrenciales que se produzcan, minimizando los daños, así como instalar elementos de retención en las cabeceras de las ramblas y captación de agua (embalses) junto a ellas para reducir al máximo la entrada de agua superficial al Mar Menor.
La obligación de aplicar las medidas en todas las zonas del vasto Campo de Cartagena es una imposición carente de toda lógica y rigor. La afección nunca es igual en una parcela de regadío en Los Alcázares que en una de almendros de secano en Corvera. Las medidas deben aplicarse en función de la caracterización de las distintas zonas y cultivos – y muy especialmente de la pendiente del terreno– al objeto de establecer distintos niveles de actuación.
–Dedicar el 5% de la superficie a reducir la contaminación difusa agraria no está justificado técnicamente, ni en el porcentaje (¿por qué no el 7%, o el 10%, o el 2%?) ni en su verdadera eficacia. Lo que sí provoca es una ‘expropiación forzosa’ para fines ambientales de superficie productiva que pagan solo los agricultores y no el conjunto de la sociedad, reduce la productividad y el empleo agrario.
–La prohibición del uso de diversos fertilizantes es un contrasentido si lo que se pretende es evitar al mínimo la lixiviación de agua y nutrientes que puedan llegar al acuífero y contaminarlo. Con los actuales sistemas de regadío localizado que se utilizan por todo el regadío del Campo de Cartagena, los fertilizantes se suministran con el agua (fertirrigación), con concentraciones controlables que, gracias precisamente a la alta solubilidad del fertilizante utilizado, propicia la rápida absorción de agua y nutrientes por la planta a través de las raíces minimizando su lixiviado (filtración). La alternativa que propone la enmienda presentada es la utilización de fertilizantes sólidos, pero las técnicas adecuadas de fertilización nitrogenada que se deben emplear en la zona ya están recogidas en el Programa de Actuación para las Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario de la Región de Murcia, por tanto para proteger al Mar Menor es únicamente necesario controlar el debido cumplimiento de esta norma.
Ya hemos mencionado antes la nula actuación sobre las aguas subterráneas, cuyo alto contenido en nitratos data de prácticas anteriores al desarrollo agrícola de la comarca, hoy ya completamente desterradas. Para actuar sobre ellas, el Comité Científico del Mar Menor recomienda la reducción de los niveles de aguas subterráneas hacia el Mar Menor hasta valores razonables que eviten problemas de intrusión al mar e indica la necesidad de incrementar el bombeo de las aguas subterráneas y/o la intersección de las mismas en el borde costero con sistemas de drenaje y bombeo paralelos a la costa. Apoyamos totalmente esta actuación que reclamamos se realice con urgencia, ya que esta sí sería una medida que, una vez implementada, tendría un efecto positivo inmediato.
En conclusión, el sector agrario sí quiere hacer lo que le toque para contribuir a la recuperación del Mar Menor a su mejor estado posible y está dispuesto a incluir en sus prácticas y laboreo aquellas medidas que contribuyan a ello de forma eficaz. Pero debemos rechazar la criminalización a la que está siendo sometido después de haber sido señalado como principal responsable del deterioro del Mar Menor y rechazar igualmente que le sean impuestas medidas ineficaces –y a veces contraproducentes para el Mar Menor– para satisfacer dogmáticas posiciones en muchas ocasiones carentes de rigor y eficacia.
El 1 de febrero todos los grupos políticos deben votar con responsabilidad y teniendo en consideración las aportaciones realizadas por los agricultores. Además, ejecútense de manera URGENTE las infraestructuras hace años planificadas y nunca ejecutadas para evitar la llegada de agua superficial y subterránea al Mar Menor. Hacemos una llamada a nuestros representantes políticos para que elaboren en breve plazo un proyecto de ley integral para la recuperación ambiental del Mar Menor, con rigurosos estudios técnicos y científicos que establezcan medidas para todos los sectores económicos, y a nosotros, a los agricultores, que nos digan lo que nos toca hacer… pero con seriedad y sin faltar al respeto y dignidad de los hombres y mujeres del campo.
Firmado por orden alfabético: Asaja, Coag-IR, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Fecoam, Proexport, Scrats y UPA.
